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Sin cuartos intermedios y con 30 horas de debate: así será la sesión por la Ley de Bases

Los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron en labor parlamentaria y determinaron que la sesión por la Ley de Bases no tendrá cuartos intermedios y se podría extender por más de 30 horas.

Antes del inicio del debate, los titulares de las bancadas del oficialismo y la oposición se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y establecieron las reglas de la jornada.

Una vez comenzada la sesión, se dará lugar a una tanda de cuestiones de privilegio y luego de votar la Ley de Bases, habrá lugar para otras, así se intentará evitar que esos reclamos se extiendan por varias horas y retrasen la discusión del proyecto principal.

Se esperan unos 150 oradores, por lo que se calcula una sesión de más de 30 horas ininterrumpidas, ya que se descartó en la reunión de labor que vaya a convocarse a un cuarto intermedio en la madrugada.

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Faltaba definir cómo será la votación, si por capítulo o por artículo, algo que en la primera vez que se llevó al recinto hizo que se cayera la ley.

Reforma laboral y jubilados: ¿cuáles son los puntos principales del proyecto?

Uno de los temas clave de la Ley Bases es el capítulo de "modernización laboral" que se incluyó a pedido de la UCR, pero en medio de una fuerte discusión con el PRO y con Hacemos Coalición Federal, el bloque que comanda Miguel Pichetto y que presionó para "suavizar" la reforma y remover algunos de los puntos que molestaban a la CGT.

La reforma laboral es más acotada que la que pretendía Milei pero es un eje central del proyecto

El proyecto contempla la derogación de multas por falta de registración laboral (que tendrá otro tipo de sanciones dependientes de una sentencia judicial firme y un mecanismo de denuncia más ágil por medios electrónicos), la extensión del período de prueba a seis meses (hoy son tres) y el fondo de cese laboral y el seguro de desempleo como reemplazo del sistema de indemnizaciones, sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.

La propuesta original que la UCR le había acercado al Gobierno también establecía la eliminación de los aportes obligatorios a los sindicatos por parte de todos los trabajadores de cada actividad, incluidos los no afiliados. Este punto, criticado por la CGT debido a que afecta una de las principales vías de financiamiento de los gremios, se dejó afuera para lograr consenso.

Sin embargo, los diputados radicales tienen previsto insistir con su inclusión durante el debate en el recinto. La discusión en torno a este tema es apenas uno de los casos que obligarán al oficialismo y a los opositores interesados en aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal a tener extremo cuidado cuando pasen a la votación en particular de los artículos, que fue lo que hizo naufragar a la versión anterior.

Además, el proyecto deroga la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para las personas que cumplieron 65 años y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes queden debajo de esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% de la jubilación mínima. Este puede ser un tema conflictivo en la sesión dado que, según los especialistas en temas previsionales, 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM.

¿Qué otros temas están todavía en discusión entre los diputados?

La Ley Bases también establece un Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que contempla beneficios impositivos y cambiarios pero que enfrenta críticas de varios diputados. Los socialistas santafesinos y Margarita Stolbizer (integrantes de Hacemos Coalición Federal) creen que "no garantiza que no haya lavado de dinero". Apoyan ese argumento en las advertencias que envió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En tanto, algunos de los diputados que responden a gobernadores no están de acuerdo con este régimen de inversiones porque elimina aranceles para la importación de insumos. Todos estos planteos en contra, sumados al rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda a todo el paquete amenazan este capítulo de cara a la votación en particular.

El oficialismo tiene los votos para aprobar los proyectos en general pero la tensión volverá a estar en la votación por artículos

Y es que cada capítulo o artículo (según como definan llevar a cabo ese tramo clave de la votación) necesitará tener mayoría. Al haber más de 100 diputados que rechazan de plano todo el paquete de proyectos, la posibilidad de que en algunos temas se sumen legisladores de los bloques dialoguistas abre un riesgo que recuerda a la fallida experiencia anterior.

Los radicales están de acuerdo con el RIGI pero consideran que además de las inversiones en sectores importantes como el hidrocarburífero es necesario contemplar a las economías regionales y pedirán incluir en las ventajas impositivas a las inversiones "menores a los 200 millones de dólares" que establece el proyecto.

Por su parte, los diputados de la Coalición Cívica se oponen a la delegación de facultades legislativas a Milei "para reestructurar el Estado", al igual que otros diputados de bancadas provinciales.

Luego está el tema Ganancias, que figura en el proyecto de Medidas Fiscales. Varios diputados de la UCR no están dispuestos a acompañar la restitución de este tributo con un piso de $1,8 millones de sueldo bruto para solteros y $2,2 millones para casados, que tampoco termina de convencer a todos los representantes de provincias patagónicas.

¿Cómo quedó la Ley Bases tras los cambios que aceptó el Gobierno?

Luego de 4 meses de negociaciones y del paso fallido por el recinto en febrero pasado, la Ley Bases sufrió numerosas modificaciones respecto de su primera versión original, muchas de las cuales se discutieron hasta el último momento. Entre ellas estuvo la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas públicas que podrías ser privatizadas, que se decidió mientras las comisiones debatían.

De esta manera, quedarán 4 empresas con destino a privatización y 5 para privatización o concesión, entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo (en el primer listado), AySA, Correo Argentino y Corredores Viales (en el segundo listado).

Tanto el Gobierno como la oposición dialoguista apuntan a que Milei tenga un primer éxito legislativo

En la nueva versión también se acotaron las emergencias públicas sobre las cuales se apoya la delegación de facultades legislativas a Milei tanto en cantidad como en plazo: serán solo en materia administrativa, económica, financiera y energética y por el término de un año.

La delegación de facultades tiene como base principal "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas" y, en ese marco, el Poder Ejecutivo podrá modificar o eliminar competencias de órganos u organismos de la administración central, así como reorganizarlos o transferirlos a las provincias "previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".

No obstante, en la negociación con la oposición el Gobierno aceptó excluir de estas facultades la intervención en "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan". Asimismo tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

En cuanto a los fondos fiduciarios, el tema que derivó en la caída de la primera versión de Ley Bases, el Gobierno aceptó que si son eliminados se respete el origen de los fondos, es decir, si los recursos provinieran de un impuesto coparticipable, la eliminación haría que vuelvan a la masa coparticipable y no al Tesoro.

Una sesión clave para el Gobierno, con el Pacto de Mayo de Milei por delante

El proyecto de Ley Bases podría tener tener más cambios durante la votación en particular como la la incorporación del impuesto al tabaco en igualdad de condiciones para todas las empresas del sector. Esto figuraba en la primera versión y luego el Gobierno lo dejó afuera. Varios diputados acusan un fuerte lobby a favor de Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, principal beneficiado por el régimen impositivo actual.

Un grupo de diputados del bloque Innovación Federal -con los salteños a la cabeza- intentarán que vuelva a incorporarse y lo mismo hará la UCR. En las horas previas a la sesión trascendió que el Gobierno aceptaría este nuevo cambio. Y es que la prioridad del "brazo político" del Gobierno que integran Guillermo Francos, Nicolás Posse y José Rolandi es que la Ley Bases avance.